Una primavera incipiente

El 1 de julio los mexicanos eligen al presidente que deberá confrontar una de las situaciones más difíciles en la historia del país. El panorama electoral no es muy prometedor, parecen todos ofrecer más de lo mismo. La esperanza viene del Movimiento por la Paz, Justicia y Dignidad y de los jovenes de #YoSoy132. Ojalá sea escuchada su voz.

La guerra contra el narcotráfico emprendida en 2006 por el presidente saliente, Felipe Calderón (Partido Acción Nacional, PAN, derecha), hereda una catástrofe social y humana, que agravaron de una manera insostenible otros problemas de México: una corrupción endémica, la inseguridad, la pobreza, la desigualdad y el abuso de poder.

El horror de la violencia más extrema se ha vuelto parte de la vida cotidiana de los mexicanos. Tropas del Ejército rondan las calles, mientras que en muchos lugares mandan los grupos criminales: en México es muy difícil distinguir entre el poder criminal, el político y el económico.

Mexico cuenta a sus muertos

Un reporte del estadunidense John P. Sullivan, quien fue director del Centro Nacional de Alerta Temprana contra el Terrorismo, indica que “entre 60 y 65% de los municipios de México han sido impactados por los cárteles del narcotráfico, los cuales han logrado infiltrar mil 500 ciudades”.

Ese reporte, publicado en marzo último, sostiene que en 2009 fueron reportadas 980 “zonas de impunidad”, donde las bandas criminales tienen más control que el Estado mexicano. También afirma que “cifras conservadoras sugieren que las mafias del narcotráfico controlan totalmente 30% del territorio nacional” donde secuestran, extorsionan y asesinan.

Esta situación ha provocado el desplazamiento interno de 160,000 personas huyendo de la violencia, de acuerdo a datos del Consejo Noruego para los Refugiados.

Otra consecuencia ha sido la creciente violación de los derechos humanos. La fiscalía militar, por ejemplo, abrió más de 3 mil 600 investigaciones de casos de asesinato, tortura y desapariciones forzadas cometidas por militares entre 2007 y junio de 2011, según Human Rights Watch. Sólo 15 uniformados fueron condenados en ese período.

El país está ensangrentado. En enero de 2011 el gobierno divulgó que el número de muertos causados por la guerra contra el narcotráfico era de 34,600 personas. Fue la última vez que informó al respecto.

En diciembre pasado, el reconocido semanario Zeta publicó que, con base en estadísticas oficiales, habían estimado que el número de ejecutados ya era de 60,420.

En México, los especialistas estiman que sólo 8% de los delitos son denunciados. La razón: la impunidad es la regla en el país: 98.5% de los delitos denunciados no son castigados.

Hay algo peor: la organización México Evalúa observa que los registros oficiales sobre ejecuciones y muertes presuntamente ligadas al crimen organizado no cuentan con elementos para determinar si los fallecidos eran integrantes de algún cartel.

El semanario Zeta aporta un dato dramático: el banco de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública clasifica a 28,025 difuntos como cadáveres “sin datos” y “otros”. En otras palabras: el gobierno federal no conoce la identidad de 46% de las víctimas de su estrategia antidrogas. Extrañamente, lo anterior no impide a los funcionarios asegurar que 90% de los fallecidos son delincuentes.

Oficialmente, entre 2006 y 2010 han muerto 356 civiles atrapados en tiroteos callejeros. Sin embargo, hay cada vez más denuncias de “falsos positivos” (inocentes que son declarados sicarios). Dentro de las víctimas hay al menos mil 200 niños, afirman organismos defensores de la niñez.

En México la libertad de prensa no se protege. Reporteros Sin Fronteras coloca al país como el más peligroso para ejercer el periodismo. Desde 2001 hasta finales de mayo pasado han ocurrido 111 asesinatos de periodistas, 80 de ellos durante el sexenio de Calderón. Sólo en mayo fueron ejecutados 4 periodistas.

Artículo 19 registró en la última década 565 agresiones contra periodistas en México: 353 de ellas (53.6%) fueron cometidas por agentes del Estado, 303 durante el gobierno actual. Sólo 77 agresiones (13.6%) son atribuidas a miembros de la delincuencia organizada.

A ese terrible diagnóstico hay que agregar el asesinato de 14 activistas de derechos humanos y la desaparición forzada de más de 10,000 personas.

Héctor Cerezo, del Comité Cerezo, señaló el 30 de mayo: “En los últimos 6 años se dio un salto cualitativo y ha habido más desapariciones que en todo el período de la guerra sucia de los años 60 y 70 (mil 800 desapariciones). Antes se afectaba a gente con algún tipo de militancia política, ahora a luchadores sociales y defensores de derechos humanos, jóvenes y migrantes”.

Entre enero de 2011 y febrero de este año se registraron 30 desapariciones forzadas.

Los responsables, explicó Cerezo, “son soldados y marinos que se identifican como tales, agentes de las fuerzas oficiales que ocultan su identidad, o grupos paramilitares que hacen el trabajo sucio con la aprobación o aquiescencia del Estado”.

Semejante desafío

¿Cómo enfrentar una crisis tan grave y profunda en la que el crimen organizado ya infiltró las instituciones del Estado, incluyendo el Ejército y los tribunales? ¿Cuenta México con una élite política comprometida a intentar cambiar la inercia y con los medios suficientes?

Será difícil cualquier esfuerzo si se observa la composición de los grupos de poder que se disputan la presidencia. Detrás del joven y apuesto Enrique Peña Nieto, están los hombres del antiguo régimen, los llamados “prinosaurios”, y la principal televisora y poder fáctico del país, Televisa, actores interesados en perpetuar el establishment.

Peña Nieto –que cuando era gobernador del Estado de México en 2006 reprimió salvajemente a la población de Atenco que se oponía a la construcción de un aeropuerto en su localidad—también compite por el Partido Verde Ecologista de México, un partido fundado y controlado por una familia (González) y ligado a negocios contrarios a la protección del medio ambiente y que promueve la pena de muerte. Los verdes europeos rompieron relaciones con este partido en 2009.

Para el analista político Sergio Aguayo no hay duda: “El PRI es un peligro para nuestra insípida democracia”.

La candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, prácticamente fue abandonada por los líderes de su partido, e incluso el ex presidente Vicente Fox (2000-2006) llamó a votar por Peña Nieto.

“El partido se ha perdido y vaga sin referentes claros. Vienen años muy difíciles para el PAN”, comenta Aguayo.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es el candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y otros partidos de izquierda. Aglutina a sectores progresistas, así como a académicos e intelectuales de renombre, pero también a políticos involucrados en escándalos de corrupción, antiguos miembros del PRI y una facción en la dirección del PRD dispuesta a intercambiar principios por favores políticos.

El sociólogo mexicano Roger Bartra define así a AMLO: “su discurso es populista de derecha: se apoya sobre los valores de la familia, la moral y la nación. Es un cabeza dura (testarudo) pero con ideas blandas. Ciertos intelectuales cercanos a él preferirían que se inspirara más de Lula”, el ex presidente brasileño.

En las anteriores elecciones de 2006, López Obrador fue blanco de una campaña que lo comparaba con el presidente venezolano Hugo Chávez y que advertía el peligro que representaba para el país una victoria suya. Perdió por una diferencia de 0.56% en circunstancias técnicas de conteo que no fueron claras, por lo que no reconoció su derrota, clamó fraude e instaló un enorme campamento de protesta en una calle principal de la Ciudad de México. El país vivió la crisis más severa de los últimos 20 años y la sociedad se polarizó.

Gabriel Quadri de la Torre es el candidato del Partido Nueva Alianza (Panal), una fuerza con enorme influencia política fundada y controlada por la repudiada líder del sindicato de maestros, Elba Esther Gordillo, una ex priísta que apoyó a Calderón en 2006 y que encarna todos los vicios del sistema político mexicano. Su objetivo es conservar el registro de partido (con 2% mínimo de los votos) y, de esa forma, seguir recibiendo la millonaria financiación pública.

Poco se refirieron los cuatro candidatos a su programa de lucha contra el narcotráfico. Hay mucha incertidumbre sobre lo que harán. Sin embargo, los analistas ya plantean escenarios.

El historiador y analista político Lorenzo Meyer sostiene que un gobierno del PAN continuará la estrategia fallida del presidente Calderón. En cambio, Meyer coincide con otros analistas en el sentido de que un regreso del PRI a la presidencia supondrá la renovación de los pactos con el narcotráfico como lo hizo durante los 71 años que gobernó México (1929-2000).

“El problema –acota Meyer—es que los carteles del narcotráfico tiene ahora parte del poder hegemónico que tenía el PRI en el pasado”.

Bartra indica que la mitad de los muertos de la guerra contra el narcotráfico es resultado de conflictos locales generados por la debilidad de los “mediadores” (entre el poder institucional y el crimen organizado). “Los principales ‘mediadores’ –precisa—fueron durante mucho tiempo los cargos electos del PRI, por lo que muchos suponen que un triunfo suyo el 1 de julio derivará en una negociación con los carteles con la finalidad de frenar la escalada de la violencia”.

Esa sería una “falsa solución”, alerta Bartra: “La herencia de corrupción legada por el régimen autoritario del PRI ha sido la que justamente favoreció las actividades criminales”.

Una primavera incipiente 

Ante esa perspectiva, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad ha reclamado a los candidatos y sus partidos la formación de un gobierno de “unidad” con el que sólo pueden confrontarse a la situación “de emergencia nacional” que vive el país.

Ese movimiento de la sociedad civil fue fundado en abril de 2011 por el poeta católico Javier Sicilia, cuyo hijo fue asesinado por miembros de la delincuencia organizada. Fue una respuesta a la guerra contra el narcotráfico a la que se adhirieron organizaciones de derechos humanos, víctimas y ciudadanos independientes, que han organizado varias marchas multitudinarias para protestar contra la violencia de los carteles como de las fuerzas de seguridad del Estado.

El 23 de junio de 2011, integrantes del movimiento se reunieron con Calderón en los llamados diálogos por la paz, en los que le pidieron revisar su estrategia contra el narcotráfico, en vano. En mayo se reunieron con los candidatos a la presidencia.

Esa movilización ciudadana contra la violencia fue seguido por el movimiento estudiantil nacional e internacional llamado #YoSoy132, que pugna por medios de comunicación objetivos en México y rechaza el regreso del PRI a la presidencia. El 26 de mayo, el movimiento logró reunir a 46 mil personas en una marcha contra Peña Nieto. Insólito.

La aparición del movimiento marcó un acontecimiento que hizo caer la imagen de Peña Nieto en algunos sondeos y obligó a Televisa a informar de éste en sus noticiarios, aunque fuera días después, luego de varias marchas frente a sus instalaciones y las de otros medios de dudosa credibilidad periodística.

El surgimiento de #YoSoy132 fue sorpresivo: el 11 de mayo Peña Nieto visitó la Universidad Iberoamericana, una escuela privada, de la que salió abucheado. Los videos del evento se divulgaron en las redes sociales. Los asesores de Peña Nieto y el presidente del PRI acusaron a los estudiantes de ser “porros” (gente pagada) y de haber sido manipulados. 131 estudiantes de la Iberoamericana respondieron con un video donde le contestan a Peña Nieto que no son porros mientras cada uno enseña su credencial universitaria y lee su número de matrícula.

Las adhesiones de solidaridad se multiplicaron en otras universidades mexicanas; en el extranjero se organizan manifestaciones de simpatizantes mexicanos de #YoSoy132.

El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y los estudiantes se han unido en un gran movimiento social que la prensa ha llamado “la Primavera Mexicana” en alusión a las revueltas contra las dictaduras en países árabes.

La analista política Denise Dresser explica: “Es un movimiento de rechazo a lo que significa el PRI, y que nació a raíz de la manera tan sesgada con la que los medios cubrieron el evento en la Iberoamericana a favor de Peña Nieto, y lo que suponen como una imposición de las dos televisoras que controlan el mercado” (Televisa y TV Azteca).

¿Qué sucederá con este movimiento si el PRI vence el 1 de julio? ¿Se radicalizará ante el regreso de prácticas autoritarias? ¿Sus reivindicaciones serán escuchadas y contribuirán al desarrollo democrático del país? México define su suerte este 1 de julio.

Marco Appel es periodista Mexicana para la revista Proceso, residente en Bruselas

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