‘Este juicio forma parte de la lucha contra la impunidad por crímenes internacionales’

El juicio celebrado en Bélgica por el asesinato de tres misioneros belgas en Guatemala en la década de los 80 sienta un sólido precedente. Demuestra que los crímenes de lesa humanidad no quedan impunes, ocurran donde ocurran. MO* habló con el profesor de Criminología Stephan Parmentier y el abogado Luc Walleyn. ‘Los hechos datan de hace 40 años, pero este juicio tiene un valor adicional de actualidad. Porque en las fronteras europeas también se está librando una guerra y se violan los derechos humanos’.

Los años ’80 fueron terribles para Guatemala. Reinaba una dictadura militar y el país quedó desgarrado por una sangrienta guerra civil, que cobró la vida de más de 200.000 personas. Los indígenas del altiplano, los kekchí, kaqchikel y mam, se convirtieron en víctimas de un auténtico genocidio.

Durante este período, tres jóvenes belgas también fueron asesinados en Guatemala. Walter Voordeckers, Ward Capiau y Serge Berten eran misioneros de Scheut, una congregación católica fundada en el siglo XIX en el barrio homónimo de Anderlecht.

En plena Guerra Fría, se les consideraba un “peligro comunista” por su apoyo a las comunidades campesinas pobres, sobre todo entre la población indígena.En Guatemala nunca se llevó a cabo una investigación sobre el asesinato de los tres belgas. Tampoco se recuperaron los restos de Serge Berten, quien fue secuestrado junto con dos personas más.

Pero casi medio siglo después, sigue adelante un juicio gracias a los esfuerzos de la asociación sin fines de lucro Guatebelga. 40 años después de los hechos, la Cámara de Acusación de Bruselas procesa a cinco personalidades del aparato estatal militar y político de la época. Comparecerán ante un jurado en Lovaina.

Acontecimiento inédito

Un acontecimiento inédito en derecho penal internacional, afirma Stephan Parmentier, profesor de Criminología y Derechos Humanos en la Universidad Católica de Lovaina y también asesor científico de Guatebelga. “Es la primera vez que los máximos dirigentes del aparato militar, los servicios de inteligencia y la política de Guatemala son remitidos a un tribunal penal extranjero y acusados. No se puede sobrestimar su importancia”.

La nueva interpretación de la culpabilidad que se hace en este caso, es innovadora aun, tanto para el sistema judicial belga como para el derecho internacional. “La sentencia dictada por la Cámara de Acusación habla de una asociación para delinquir. [“joint criminal enterprise”].

Así que no se trata de particulares o figuras de autoridad que hayan cometido delitos a nivel individual”, aclara Parmentier. “La cuestión es que utilizaron el aparato del Estado bajo su control para elaborar un plan común y reclutaron a grupos paramilitares para llevarlo a cabo”.

Porque los autores materiales de los crímenes nunca fueron encontrados y, por tanto, no serán juzgados. Sin embargo, habrá un juicio. “No sólo son responsables los autores materiales, sino también quienes encabezaban el aparato”, explicó Luc Walleyn, uno de los abogados de los demandantes.

“Ese aparato determinó la estrategia de persecución de la población civil. Y quienquiera que elabore la estrategia para masacrar a gran parte de la población con el objetivo de reforzar su propio poder es entonces, de hecho, el principal culpable”.

Walleyn también fue Presidente de Abogados sin Fronteras y es miembro activo del Colegio de Abogados de Bruselas y de la Corte Penal Internacional. En su libro Derechos Sin Fronteras, relató sus experiencias acerca del genocidio ruandés y de las masacres de Sabra y Shatila durante la guerra civil libanesa.

La acusación recién se produce 40 años después de los hechos. ¿Por qué se demoró tanto?

Luc Walleyn: En la década de los 80, el sistema judicial belga no tenía competencia para perseguir delitos cometidos contra belgas en el extranjero. La denominada Ley de Genocidio de 1993 cambió esta situación porque aborda el castigo de los crímenes de guerra cometidos durante un conflicto armado.

Inicialmente, esa ley solo era aplicable a los crímenes de guerra, lo que excluía la tortura y el asesinato de civiles por criticar a la dictadura militar [en este caso en Guatemala, ed.]. Pero en 1999, la ley se amplió para abarcar el genocidio y los crímenes de lesa humanidad. Esto creó un marco claro para el enjuiciamiento y también estipuló que tales delitos son imprescriptibles.

La Ley de Genocidio permite a las víctimas de crímenes de guerra demandar a los autores ante un tribunal belga, independientemente del lugar donde se hubiera cometido el delito. Por lo tanto, la acusación solo pudo presentarse 20 años después de los hechos, el 25 de enero de 2001. Después de 20 años, la investigación está cerrada y podrá celebrarse un juicio penal.

¿Por qué usted, profesor Parmentier, califica esto de primicia en el derecho penal internacional?

Stephan Parmentier: Se trata de la aplicación más reciente de la legislación sobre jurisdicción universal [véase el recuadro] en nuestro país, y está resumido en la denominada Ley de Genocidio de 1993 y 1999.

‘También se está librando una guerra en las fronteras europeas, donde se están produciendo graves violaciones de los derechos humanos.’

En este marco ya hubo juicios relacionados con el genocidio de los tutsis en Ruanda. Es una herramienta poderosa porque las partes civiles -las víctimas, por así decirlo- pueden presentar ellos mismos sus denuncias y así poner en marcha las investigaciones.

Anteriormente, se llevaron a cabo otras investigaciones en el extranjero sobre hechos ocurridos en Guatemala. Sobre todo en España, por el incendio de la Embajada española en 1980, que había sido provocado por la policía local.

La premio Nobel Rigoberta Menchú presentó una denuncia porque su padre murió en aquel incendio, pero España nunca logró identificar ni condenar a los culpables. En ese sentido, el caso belga es una primicia mundial.

Pero en última instancia solo se trata de estos tres misioneros y de crímenes cometidos hace 40 años. ¿Qué relevancia tiene entonces el caso?

Parmentier: Esta sentencia debe considerarse en un contexto más amplio, en la lucha contra la impunidad de los crímenes internacionales. Esa lucha lleva décadas librándose en todo el mundo. El caso también creó nuevas recomendaciones y legislación vinculante en la ONU, la UE, etc.

Se trata de un solo caso y del asesinato de unos individuos hace varias décadas. Pero la sentencia tiene un valor extra de actualidad, porque con el conflicto armado en Ucrania, el tema está más de actualidad que nunca. También en las fronteras europeas se libra una guerra en la que se producen graves violaciones de los derechos humanos.

Incluso en otros lugares, como Siria y Afganistán, se cometen los mismos crímenes. Por tanto, es muy importante mantener la lucha a distintos niveles y exigir que los responsables sean llamados a responder por sus actos.

¿Por qué ha tardado tanto la decisión de llevar el caso a juicio?

Walleyn: Es cierto que la espera ha sido excepcionalmente larga. Pero los jueces de instrucción y la fiscalía federal igual se esforzaron.

Han pasado muchas cosas en estos 20 años. Por ejemplo, se establecieron dos comisiones rogatorias [véase el recuadro] en Guatemala. También se entrevistó a testigos y se recogieron pruebas en otros países. A menudo hacía falta traducir el material.

Inicialmente, se investigó quién había llevado a cabo los secuestros y asesinatos, y quiénes eran los que dieron las órdenes. Pero en la segunda parte de la investigación se siguió una nueva pista. A partir de entonces, la atención ya no se centró específicamente en las víctimas individuales de la violencia, sino en ese marco más amplio de crímenes de lesa humanidad.

Porque lo específico de los crímenes de lesa humanidad es que se producen en un marco general de ataque a una población civil, llevado a cabo por un gobierno, o al menos por una organización. Se trata de un delito global del que forman parte delitos específicos.

¿Se pudo recurrir a investigaciones judiciales llevadas a cabo en la propia Guatemala?

Walleyn: De hecho, ya existía el trabajo de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico en Guatemala [se creó en 1997 a partir de los acuerdos de paz de 1996, ed.]. También había decisiones anteriores y material de la Corte Interamericana de Derechos Humanos [una institución jurídica autónoma con sede en Costa Rica, ed.]. El juez de instrucción belga nombró a una experta internacional, Kate Doyle, para investigar el sistema político-militar que organizó los crímenes.

Todas estas fuentes apuntan en la misma dirección. Los crímenes no fueron excesos cometidos por militares o comandantes locales. Formaban parte de un sistema más amplio y se elaboraban al más alto nivel. Si se pudiera demostrar que el sistema funcionaba así, se podría identificar a los individuos que desempeñaron el papel más importante en él. O al menos aquellos que siguen vivos.

En un principio, se procesó a ocho personas que ocupaban altos cargos en esa época. Tres de ellos murieron durante la investigación [uno de ellos es el ex Presidente Fernando Romeo Lucas García, ed.]. Tres están en prisión en Guatemala por otros delitos. El papel individual de cada uno de ellos se detalla en el expediente. Fueron ellos quienes elaboraron la campaña de persecución, asesinatos y desapariciones.

¿De qué se les acusa exactamente?

Walleyn: Se formularon dos cargos. La fiscalía tomó en consideración el asesinato, la desaparición y la tortura como crímenes de lesa humanidad. También se les acusa de participar en una asociación para delinquir con el fin de cometer crímenes de lesa humanidad.

‘Quién sabe, el caso puede proporcionar algún tipo de reparación simbólica por el sufrimiento de las víctimas.’

Este segundo cargo se basa en el derecho consuetudinario internacional y es comparable con lo previsto para la colaboración con organizaciones terroristas. En ese contexto, no solo pueden ser procesados los autores de atentados terroristas, sino también cualquiera que participe en actividades de un grupo terrorista o asuma una posición de liderazgo en el mismo.

En junio, la Cámara del Consejo dictaminó que el caso debía presentarse ante un tribunal de lo penal y no podía ser juzgado por un tribunal correccional. También ordenó la detención de cinco sospechosos, que ya han sido acusados formalmente.

El 10 de noviembre, la Cámara de Acusación confirmó el auto de procesamiento, tras lo cual el caso se remitió al tribunal de lo penal de Lovaina. Ahora los cinco sospechosos están siendo buscados por Interpol en todo el mundo para su detención y extradición a Bélgica.

La causa penal se refiere al asesinato de tres belgas en Guatemala. ¿Tiene el caso algún significado también para las víctimas y sus familiares en la propia Guatemala?

Parmentier: A primera vista, el caso belga parece limitado porque solo aborda víctimas belgas. Pero se trata del contexto en Guatemala, por lo que durante los años que duró la investigación el tribunal belga también se centró en las víctimas guatemaltecas del conflicto armado. Ellos también recibirán la debida atención durante el juicio.

Guatemala atraviesa momentos difíciles, pero hay grandes diferencias con los oscuros años ochenta.

Por otra parte, los procedimientos en nuestro país fueron seguidos de cerca en Guatemala y la noticia de la reciente decisión de llevar a los cinco acusados ante un tribunal de lo penal fue ampliamente difundida. Guatebelga desempeñó un papel activo en ello.

Quién sabe, esto podría dar lugar a nuevos procesamientos y juicios en Guatemala. Y quién sabe, el caso puede proporcionar algún tipo de reparación simbólica por el sufrimiento de las víctimas. Aunque sabemos por las investigaciones que el inmenso daño nunca podrá repararse del todo porque es sencillamente irreparable. De nuevo, el paralelismo con los juicios por terrorismo es acertado.

Por eso es crucial seguir invirtiendo en la resolución pacífica de conflictos, para que por esa vía pueda incidirse en la prevención de estos delitos.

Existe una posibilidad real de que los acusados no se presenten al juicio. ¿Y entonces?

Walleyn: Guatemala probablemente no extraditará a los acusados que están en prisión allí. Pero los dos acusados que siguen en libertad aún podrían ser detenidos.

Pero la detención no es un requisito previo para el juicio. Se constituirá un jurado y el juicio podrá celebrarse en ausencia en Bélgica. Esto también ocurrió en uno de los juicios de Ruanda.

Sin embargo, un acusado puede presentar una objeción en ese caso, por lo que habrá un nuevo juicio. Y los residentes en el extranjero también pueden ser representados por un abogado, de modo que haya una legítima defensa.

Los cinco acusados siguen teniendo mucho poder en Guatemala y siguen formando parte de la estructura de poder mafiosa que controla el país. Hoy, hay jueces que huyen del país porque están amenazados. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la comisión de la ONU que debía luchar contra la corrupción, ha sido expulsada del país. Entonces, ¿fueron los acuerdos de paz y la Comisión de la Verdad de los años 90 una medida de nada?

Parmentier: Efectivamente, Guatemala vuelve a pasar por momentos difíciles. Recuerda a la brutal represión de los oscuros años 80. Sin embargo, hay grandes diferencias con aquel periodo.

Por ejemplo, los acuerdos de paz esbozaron un nuevo marco normativo para el futuro de Guatemala. Entre ellos destacan la importancia de reducir las desigualdades, la distribución equitativa de los recursos, los derechos de los pueblos indígenas, etc.

A pesar de los problemas actuales, ha aumentado la resistencia en el país y en el exterior.

Entretanto, muchas personas y organizaciones han hecho suyo ese marco. Se movilizaron y se atrevieron a alzar la voz cuando los derechos humanos son violados. También se pusieron en contacto con simpatizantes en el extranjero para dar más visibilidad a su lucha.

A largo plazo, por tanto, los acuerdos de paz tuvieron una importante función sensibilizadora, aunque muchas de sus disposiciones se sigan incumpliendo.

La Comisión de la Verdad también formuló recomendaciones firmes y de gran alcance en su informe de 1999. Entre otras cosas, instaba al castigo de los autores, a medidas de reparación para las víctimas, a realizar reformas institucionales y a una mayor participación social y política de los indígenas.

Así, ya en la década de 2000 se pusieron en marcha numerosas iniciativas que propiciaron el cambio. Varias personas fueron condenadas en Guatemala por crímenes cometidos en la década de los 80. Los intercambios internacionales también tienen su efecto a largo plazo.

A pesar de los problemas actuales y de los intentos de las élites civiles, militares y económicas de doblegar las estructuras del Estado a su voluntad, la resistencia ha aumentado dentro y fuera del país. La sensibilización popular no tiene marcha atrás.