Colombia: crónica de una paz anunciada (que se deja esperar)

El 23 de marzo debía haber sido un día histórico en Colombia. Pero el gobierno y el movimiento rebelde FARC-EP  no cumplieron con la  fecha límite propuesta por ambos para alcanzar un acuerdo de paz definitivo. Marzo de 2016 fue además un mes negro para los  activistas de los derechos humanos en el país. ¿Puede el pueblo colombiano aún esperar la paz antes del verano? 

  • svenwerk (CC by-nc-nd 2.0) Amnestía Internacional recalca en su más reciente informe anual sobre el país, que los paramilitares siguen cometiendo serias violaciones de derechos humanos. svenwerk (CC by-nc-nd 2.0)
  • US State Department photo (CC0) Unos días antes, el ministro de relaciones exteriores de Estados Unidos, John Kerry, había tenido en La Habana, Cuba (donde se celebran las conversaciones de paz), un encuentro notable tanto con los negociadores de la guerrilla como con los del gobierno colombiano. US State Department photo (CC0)
  • Youtube Desde hace más de dos años el ELN y el gobierno mantienen conversaciones exploratorias a puertas cerradas. Youtube
  • Silvia Andrea Moreno (CC by-nd 2.0) Manifestación contra la violencia en Colombia. Silvia Andrea Moreno (CC by-nd 2.0)

El 23 de septiembre de 2015 los negociadores del gobierno colombiano y de FARC-EP (‘Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia’, el grupo rebelde más grande del país) prometieron que exactamente medio año más tarde, después de tres años y medio de conversaciones, suscribirían un acuerdo definitivo. El conflicto armado más prolongado en el continente americano pertenecería así formalmente a la historia. Pero el 23 de marzo de 2016 entrará en la historia colombiana como el día de la fecha límite fallada. 

Un final dificultoso

Unos días antes, el ministro de relaciones exteriores de Estados Unidos, John Kerry, había tenido en La Habana, capital de Cuba (donde se celebran las conversaciones de paz), un encuentro notable tanto con los negociadores de la guerrilla como con los del gobierno colombiano. Bastante curioso, porque la FARC-EP está todavía en la lista norteamericana de organizaciones terroristas. Un encuentro diplomático cumbre de esta naturaleza no se había visto antes.

Kerry quería darles a los negociadores un pequeño empujón cuando se encontraban en la recta final de las conversaciones. En un comunicado optimista aclamó los avances y declaró que “la paz se está acercando cada vez más al pueblo colombiano y a las millones de víctimas del conflicto”

US State Department photo (CC0)

Unos días antes, el ministro de relaciones exteriores de Estados Unidos, John Kerry, había tenido en La Habana, Cuba (donde se celebran las conversaciones de paz), un encuentro notable tanto con los negociadores de la guerrilla como con los del gobierno colombiano.

Los norteamericanos habían esperado poder combinar las visita del presidente Obama a Cuba con su aparición oficial durante la proclamación del acuerdo de paz colombiano. De esta forma los EE.UU. matarían dos pájaros de un tiro y mostrarían al mundo entero que el deshielo en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina habían definitivamente comenzado, luego de la Guerra contra las Drogas y la Guerra Fría. Habría sido un éxito diplomático y de relaciones públicas. 

El presidente colombiano había dicho antes que “no firmaría un acuerdo malo, sólo por alcanzar la fecha límite”.

Pero resultó ser una vana esperanza. No hubo acuerdo de paz, ni siquiera el tan esperado anuncio de un cese al fuego como pequeño avance para salvar el honor de los negociadores. Anteriormente el presidente colombiano Juan Manuel Santos había dicho ya que “no firmaría un acuerdo malo, sólo por alcanzar la fecha límite”.
De todos modos, las conversaciones ya están en una fase avanzada. Sobre cuatro de los seis puntos en la agenda de las negociaciones entre el gobierno y la FARC-EP  se han firmado acuerdos parciales:

1. el desarrollo rural y la reforma agraria;
2. la transformación de la guerrilla en partido político y garantías para que la oposición pueda participar en la política nacional;
3. la terminación del cultivo y comercio ilegal de drogas (una fuente importante de ingresos de la FARC-EP);
4. la indemnización a las víctimas del conflicto, entre otros una justicia de transición para el enjuiciamiento de los crímenes de guerra.

Hay aún dos puntos en la agenda. Por una parte el tema ‘fin del conflicto’: el desarme y la reintegración de los rebeldes, y el control del cumplimiento del cese del fuego. Por otra parte la ratificación de la agenda de paz por la población y los aspectos relacionados con la implementación de los acuerdos. Por ejemplo, el gobierno está a favor de un referendo sobre los acuerdos de paz definitivos. La FARC-EP sin embargo prefiere someter estos acuerdos a la Asamblea Constitucional de 141 miembros – con un número de representantes de la guerrilla que aún queda por definir.

Un lugar para los ex combatientes

El problema de la desmovilización de la guerrilla  y sobre todo la constitución de las llamadas ‘zonas de concentración’ son dos puntos que siguen produciendo desavenencias.

Estas zonas son territorios geográficos demarcados, donde los ex combatientes de la FARC-EP deben ser recluidos durante la fase de transición en vías a su reintegración en la sociedad. Allí se les podrá brindar la protección necesaria y comprobar que el cese de fuego sea respetado por ambas partes. Las fuerzas armadas y los cuerpos del orden público no tendrían acceso a estas zonas, pero tienen derecho de vigilar el perímetro. Las autoridades suspenderían las órdenes de detención vigentes contra todos los miembros de la guerrilla recluidos en estas zonas. 

La discusión entre el gobierno y la FARC-EP enfoca sobre todo el tamaño y la ubicación de estas zonas, las garantías de seguridad para los ex combatientes y la duración de las zonas. Así la FARC-EP exige que las zonas de concentración se extiendan sobre territorios geográficos grandes, donde los ex rebeldes puedan mantener el contacto con las comunidades locales. La guerrilla considera estas zonas como ‘territorios de paz’ donde puede construir la base de su movimiento político a largo plazo.

Pero el gobierno proyecta zonas más pequeñas, más concentradas e aisladas y por un período más corto (unos meses hasta un año): lo suficiente para que los guerrilleros pueden desmovilizarse, desarmarse y comenzar a integrarse en la sociedad. 

El partido de oposición más grande se mantiene muy crítico frente a las negociaciones de paz con la FARC-EP y sueña con que fracasen.

Por ahora queda incierto cuánto más tiempo se va a necesitar para despachar los últimos puntos de la agenda. El 14 de abril termina una nueva ronda de negociaciones. Según varios medios colombianos, el gobierno y la FARC-EP anunciarían ese día un acuerdo sobre el punto ‘fin del conflicto’. Luego se debe tramitar aún la implementación y la ratificación. Por lo general se espera que las negociaciones de paz aterricen antes del verano. 

Según sondeos de opinión recientes las popularidad del presidente Santos sigue desmoronándose. Un sondeo del 27 de marzo indica que solamente el 25 por ciento de la población apoya su política. La fecha límite fallada del 23 de marzo es otro argumento para la oposición política: el partido de oposición más grande, dirigido por el ex presidente Uribe, se mantiene muy crítico frente a las negociaciones de paz con la FARC-EP y sueña con que fracasen.

Sin embargo, los sondeos de opinión indican que, en un eventual referendo, la mayoría de los colombianos aprobarían los acuerdos definitivos. Por eso, si el gobierno quiere evitar perder más prestigio, tiene que darse prisa y lograr avances. 

El Avance con el ELN

El comienzo formal de las negociaciones de paz con el Ejército Nacional de Liberación (ELN), el segundo grupo rebelde más grande del país, le da sin duda nuevo viento en popa a las conversaciones en La Habana. El anuncio de esta avance se hizo el 30 de marzo. Desde hace más de dos años el ELN y el gobierno mantienen conversaciones exploratorias a puertas cerradas.

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Desde hace más de dos años el ELN y el gobierno mantienen conversaciones exploratorias a puertas cerradas.

Estaba creciendo el temor que el ELN incorporaría guerrilleros desmovilizados de la FARC si el grupo no fuera invitado a participar en el proceso de paz, lo que provocaría una nueva escalada de violencia. El ELN tiene como blanco principal la industria petrolera y la infraestructura energética. El grupo rebelde financia sus actividades principalmente con la extorsión de empresas y el rescate de secuestrados.

Con esto se ha dado un nuevo paso hacia un proceso de paz ‘completo’. Sin embargo, la agenda de las negociaciones con el ELN es aún más amplio y complicado que con la FARC-EP. Por ejemplo, el ELN adelanta exigencias con respecto a la participación de las organizaciones de base y cambios estructurales en el modelo de desarrollo económico. Las negociaciones entre el gobierno y el ELN tendrán lugar en Ecuador, pero también los gobiernos de Venezuela, Brasil, Cuba y Chile prestan su colaboración y participarán en la observación del proceso.   

Activistas bajo fuego paramilitar

Ahora que también el ELN está participando en el proceso de paz, las perspectivas son bastante favorables para una pronta conclusión del conflicto armado en Colombia. Por lo menos formalmente. Porque un problema urgente, que ha sido tapado por toda la atención a las negociaciones de alto nivel en La Habana, es la situación crítica en que se encuentran continuamente los activistas de los derechos humanos en Colombia, y la persistente violencia contra representantes prominentes de la izquierda en general.

En marzo, en el lapso de solamente dos semanas, por lo menos 29 representantes de la izquierda colombiana fueron asesinados: dirigentes de comunidades rurales, activistas de los derechos a la tierra y miembros de las organizaciones campesinas. También un líder indígena de una organización socia de Broederlijk Delen de la región Cauca, Willar Oima Alarcán, fue muerto de un tiro el 2 de marzo. Era una figura central en la lucha indígena por la protección de los derechos a la tierra, particularmente contra las actividades mineras ilegales. En 2015 un total de 63 activistas de los derechos humanos fueron asesinados en Colombia. 885 activistas recibieron amenazas.

Amnestía Internacional destaca en su más reciente informe anual sobre el país que los paramilitares siguen cometiendo graves violaciones contra los derechos humanos.

Este tipo de asesinatos son raras veces esclarecidos: en Colombia predomina todavía una gran impunidad. Generalmente se acepta que los grupos paramilitares están detrás de esta violencia. También Amnestía Internacional destaca en su más reciente informe anual sobre el país que los paramilitares siguen cometiendo graves violaciones contra los derechos humanos. El partido de oposición de la izquierda Unión Patriótica teme ‘una nueva fase de exterminio político de la izquierda’.

El grupo paramilitar más grande del país (Los Urabeños) desplegó entre marzo y abril una amplia ofensiva acompañada de un cierre económico en cinco regiones del noroeste del país. La población recibió la orden de quedarse en casa durante 24  horas y suspender todas las actividades laborales, económicas y académicas. 

Sin embargo, para las autoridades no existen oficialmente los ‘paramilitares’. Se refiere a ‘bandas criminales’ y niega cualquier vínculo entre estos grupos y ciertos personajes dentro del aparato estatal, a pesar de que estos vínculos de hecho existen, como afirma Amnestía Internacional. Eso sí, después de la más reciente ola de asesinatos, el presidente Santos dio la orden a las fuerzas armadas y a los cuerpos del orden de aumentar los esfuerzos contra estas ‘bandas criminales’.

La economía petrolera en declive

Aparte de los aspectos que se relacionan directamente con el propio proceso de paz, hay otros desafíos en el ámbito de los derechos humanos para lograr una paz verdadera. Esto mismo recalca el más reciente informe de las Naciones Unidos sobre los derechos humanos en Colombia. Enfrentar la exclusión y la enorme desigualdad en el país es fundamental. Las Naciones Unidas afirman que sigue habiendo un gran abismo entre lo que declaran las instituciones públicas sobre los derechos humanos y la práctica diaria. 

La decisiva mayoría de las violaciones de derechos humanos en Colombia (80 por ciento) y por lo menos 87 por ciento de todos los casos de desalojo forzoso, se relacionan con los proyectos de minería y energía. Estos son exactamente las dos bases centrales de la política económica del gobierno de Santos.

Además, el gobierno se encuentra en aprietos con miras al período después del conflicto: por la caída del precio del petróleo la economía se está debilitando y los ingresos del estado disminuyen (el petróleo es el principal producto de exportación del país). Toda la estrategia de desarrollo del gobierno está injertada en minería a gran escala, la explotación de petróleo, la agro-industria, y los proyectos de energía y de infraestructura. La construcción de la paz en Colombia deberá estar necesariamente acompañada de la búsqueda de alternativas para el modelo económico basado en las materias primas. 

Wies Willems es colaborador de Broederlijk Delen en el área de riquezas naturales y América Latina.

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