La competencia por los recursos naturales amenaza el acuerdo de paz en Colombia

‘El proceso de paz puede ser peligroso’, afirma Deyanira Gonzalias, una activista afro-colombiana. ‘El problema es que las organizaciones sociales no están sentadas en la mesa de diálogos, mientras que la paz se debe construir desde abajo hacia arriba’.

Marcela, miembro de un colectivo de abogados que acompaña a las organizaciones sociales con respecto a los compromisos asumidos en el proceso de paz, tiene otro punto de vista: ‘La amenaza más grande para este proceso son los proyectos estratégicos que el gobierno quiere emprender a lo largo de todo el país. Pero para poder hacer eso, el Estado quiere facilitar a las multinacionales el acceso a la propiedad de tierras al máximo.’

Sin embargo, Marcela asegura que estas negociaciones son una oportunidad histórica ‘que hay que aprovecharlo al máximo’. La conversación tuvo lugar el 9 de febrero en Bruselas en la conferencia de prensa con la que la ONG belga Broederlijk Delen (ONG belga) lanzó su campaña acerca del impacto del modelo económico colombiano sobre la población y el medio ambiente.
Todos tienen una opinión sobre la paz, pero de dónde viene en realidad la violencia?

De la selva a la mesa de negociaciones

La Violencia. En la historia colombiana este término remite a la guerra civil de 1948-1958 entre liberales y conservadores. Su resolución en ese entonces se dió con el acuerdo de turnarse el poder entre estos dos partidos políticos. Desde entonces las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia) y también otros grupos insurgentes, han intentado romper con esta dominación política, pero ha sido en vano. En todos esos años la paz nunca regresó.

Desde 1958 el conflicto armado le ha costado la vida a 220.000 personas y ha producido seis millones de desplazados internos. Colombia es el segundo país en el mundo con mayor número de desplazados internos después de Siria.

La mayor parte de los colombianos anhelan la paz y piensan que es hora de archivar los kalasjnikovs. El presidente Juan Manuel Santos también comparte esta idea muy al contrario de su antecesor Alvaro Uribe (2002-2010). Uribe se negaba a reconocer a las FARC -en sus ojos terroristas y narcotraficantes- como su interlocutor. Santos pone otro tono y abrió la puerta al diálogo. El modelo severo y militarista del expresidente Uribe, sin embargo, le causó fuertes golpes a las FARC. Varios de sus cabecillas fueron liquidados y la política uribista de Seguridad Nacional, con presencia masiva del ejército, redujo las FARC entre 2000 y 2012 a alrededor de 7000 hombres, un tercio de su fuerza anterior.

La mayor parte de los colombianos anhelan la paz y piensan que es hora de archivar los kalasjnikovs.

Una razón más para para las Farc para cambiar el enfoque. Además, en otras partes de Latinoamérica los grupos guerrilleros han dejado las armas ya hace dos decenios. Y países como Uruguay, Ecuador, Bolivia y Venezuela mostraron que también es posible llevar al poder un gobierno orientado a políticas sociales por la via democrática.

Desde el 2012 las partes están sentadas a la mesa de negociaciones. El jefe de la delegación de paz por parte del gobierno es Humberto de la Calle (vicepresidente bajo el gobierno de Ernesto Samper 1994-1998) y para las FARC encabeza las conversaciones Luciano Marín Arango alias Iván Márquez, un guerrillero veterano con experiencia en participación política. También Rodrigo Londoño alias Timochenko y líder superior desde la muerte de Manuel Marulanda, está involucrado muy de cerca al proceso.

La mayoría de los temas ya han pasado la prueba de fuego: hay un acuerdo parcial sobre la reforma del campo y adjudicación de tierras y sobre la participación política de los rebeldes tan pronto como éstos dejen las armas. También sobre cultivos ilícitos y alternativas económicas para los campesinos.

Uno de los temas más delicados también ya ha sido acordado: el reconocimiento de responsabilidades y sus respectivas medidas de enjuiciamiento. Se han hecho además acuerdos bastante favorables sobre amnistía, con excepción de los crímenes que entran en la categoría de lesa humanidad como las masacres. Así mismo se creará un tribunal especial para los crímenes de guerra y una comisión para el esclarecimiento de la verdad y el análisis de todos los hechos ocurridos durante los años del conflicto.

Los dos últimos temas sobre los que se está negociando en el momento son la dejación de las armas y la terminación y organización de un referéndum en el que los colombianos pueden expresarse en pro o en contra de los acuerdos de paz.

Convivir con el enemigo

Aunque la gran mayoría de los colombianos apoya las negociaciones y quiere que se firme el acuerdo, también hay mucha preocupación sobre cómo se realizará en la práctica. Human Rights Watch (HRW), por ejemplo, se preocupa sobre el gran número de indultos que se concederán. Según José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas, la amnistía borra la posibilidad de reconocimiento y justicia para miles de víctimas de crímenes horrendos. Vivanco elogia los mecanismos innovadores de enjuiciamiento y la conformación de un tribunal especial pero teme que se evadan miembros de la cúpula que tendrían responsabilidades graves.

Las comunidades indígenas y afrocolombianas ven el período del post-conflicto con temor pues les tocará disponer una parte de su territorio para los desmovilizados que tienen que ser integrados y reubicados. Según la constitución colombiana y también dentro del convenio 169 de la OIT, los territorios de estas minorías étnicas gozan de una protección especial, sin embargo, los grupos alzados en armas los han ocupado por años y han perpetrado terribles masacres en ellos.

Ahora sus habitantes tendrán que abrir su territorio para compartirlo con los exguerrilleros. Se ha llegado a este acuerdo sin contar con la opinión ni la participación de las comunidades directamente involucradas.

Deyanira Gonzalias pertenece a una comunidad afrocolombiana del Cauca y es una de las figuras líderes de la organización no gubernamental UOAFROC que con apoyo de Broederlijke Delen trabaja en la concientización sobre los derechos de los indígenas y los afro. Sus comunidades se han visto seriamente afectadas en el pasado. Las personas fueron expulsadas de sus tierras con intimidaciones y amenazas de muerte o simplemente fueron asesinadas.

Gonzalias es bastante crítica frente al proceso de paz: ‘Toda la violencia por la que hemos pasado es la consecuencia de la política del gobierno. Cómo podemos tener confianza en este gobierno y verlo como un aliado que nos defiende? Imposible porque el gobierno nunca hizo eso! Una paz verdadera y sostenible sólo es posible si se construye concretamente desde abajo!’

Modelo de explotación

La cuestión agraria constituye el gran obstáculo. Las raíces de este conflicto que dura ya varias décadas se encuentran precisamente en la extrema desigualdad en la repartición de la tierra. Diego Peréz de la ONG colombiana Pas (Pensamiento y Acción Social) sigue las negociaciones de cerca.

En una entrevista con MO* dice: ‘Se reconoce que la cuestión agraria constituye el centro del conflicto, se reconoce también que se debe conceder tierra a todos estos campesinos sin tierra. Sin embargo en este mismo documento se precisa que se respetará la propiedad privada. Los grandes latifundistas que adquirieron legalmente su propiedad, no serán molestados. El Estado puede expropiar tierra que ha sido requerido expulsando a los campesinos o por medio del tráfico de drogas y luego darla a campesinos sin tierra. Lo que es alarmante es que en esencia no se vuelva a poner en cuestión las relaciones históricamente perturbadas. Sólo los barbechos que son propiedad del Estado entran en consideración para la reforma agraria, pero es insuficiente para satisfacer los deseos de todas las víctimas.’

Se reconoce que la cuestión agraria constituye el centro del conflicto armado.

Hay otro dilema en las negociaciones. Desde el principio el presidente Santos alegó que el modelo económico en sí no sería objeto de debate. Este modelo es basado en un “extractivismo”, una explotación masiva de recursos naturales como minerales y biodiversidad. Diego Pérez: ‘Se firman muchos contratos con multinacionales del petróleo y de energía, empresas de minería y la agro-industria, lo que actualmente es duramente criticado a Santos.

El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 declara 516 áreas estratégicas mineras, que engloban un quinto del territorio. Durante el período de gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) se multiplicó la área titulada para minería por un factor de ocho y el presidente actual Santos continúa esta política.

Sin embargo todo este afán de explotación conlleva un elevado coste social y ecológico. 80 por ciento de las violaciones de los derechos humanos y 87 por ciento de todos los casos de desplazamientos forzados suceden en municipios con proyectos de minería y energía. 90 por ciento de las violaciones de los derechos de los indígenas y de la población afrocolombiana suceden en zonas donde la agricultura tradicional y la pesca han sido sustituidas por la extracción de oro y de petróleo.

Diego Peréz: ‘Estas empresas tienen a menudo protección privada que consta de antiguos paramilitares o antiguos militares. Ciertos estudios demuestran que muchos paramilitares andan involucrados en esta minería. Tienen también sus propias estructuras armadas, sólo operan bajo otros nombres. Su presencia lleva hoy a nuevos conflictos.’

¿Una oportunidad perdida?

Según algunos, el hecho que los paramilitares no se sientan a la mesa de negociaciones constituya una gran laguna en todo el proceso ya que son responsables de gran parte de las violaciones de los derechos humanos en el pasado y son vinculados con el aparato estatal colombiano.

Lo que se dice es que ya han tenido su proceso de desarme bajo el gobierno Uribe. Fue en las llamadas conversaciones de Ralito (2002-2005), que convencieron a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a desarmarse. Según se dice, en aquel entonces 31 671 militantes depusieron las armas pero este proceso suscitó muchas críticas. Hubiera servido sólo como tapadera de amnistiar a las cabezas. Hoy los paramilitares aparecen de nuevo, con otros nombres, en otros sectores, en otras formaciones pero el fenómeno en sí no ha desaparecido.

Otra laguna es la ausencia de la sociedad civil en la mesa de negociaciones.Para Deyanira Gonzalias esta ausencia es inconcebible.

La situación actual es delirante: Colombia es un país riquísimo pero importamos gran parte de nuestra comida, incluso arroz. Algo así puede hacer fracasar un acuerdo de paz.

Peréz relativa esta ausencia: ‘En el fondo la sociedad civil está involucrada en tres maneras: hay un sitio web donde ciudadanos y organizaciones pueden remitir documentos y proposiciones y en la Habana hay un equipo que recibe estas proposiciones y las estudia. Además se celebran foros sociales en Colombia sobre los temas que son debatidos en la mesa de negociaciones. Instancias de la ONU organizan los foros, elaboran informes y los proporcionan a los negociadores. Además cada uno de los dos partidos en la mesa de negociaciones puede invitar a dirigentes políticos o sociales o víctimas para una audiencia pública.’ Y según se dice, estos testimonios han influido efectivamente el proceso de las negociaciones y decisiones parciales.

Además hay el otro grupo de rebeldes, ELN. No participa en las conversaciones de paz, aunque también para él se está haciendo una agenda negociadora. Diego Peréz: ‘Se tiene que eliminar tres obstáculos. Uno: el lugar de estas negociaciones. El ELN quiere que este lugar sea Venezuela pero el gobierno opina que no se pueda garantizar las condiciones estables necesarias. El ELN también quiere que desde el principio la sociedad civil se sienta a la mesa de negociaciones. El tercero y más difícil punto a discutir es que el ELN quiere que el tema de la minería y el modelo de desarrollo económico también sea incluido en el orden del día.’

El gran temor es que, cuando en marzo se firmara un acuerdo con las FARC, antiguos rebeldes de las FARC que no quieren abandonar la lucha pasen al ELN. Para evitar esto, sin fallar tendrían que iniciar conversaciones formales antes de que el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno sea firmado.

Por muy importante que sea un tal acuerdo de paz, no es más que el comienzo de un nuevo recorrido delicado y difícil que aparece luego: la construcción de una paz duradera. Diego Peréz: ‘Sería una oportunidad perdida si no dejáramos acompañar la aplicación de estos acuerdos de paz con cambios profundos en el modelo económico. La situación actual es delirante: Colombia es un país riquísimo pero de momento importamos gran parte de nuestra comida, incluso arroz. Estas estructuras subyacentes pueden hacer fracasar un acuerdo de paz.’

Este artículo fue escrito para la edición de primavera de la revista MO*. Para sólo €20, usted puede tomar aquí una suscripción anual.