Gran Marcha Indigena en Bolivia

La “VII Gran Marcha Indígena por el Territorio, las autonomías y los derechos de los pueblos indígenas” comenzó el 21 de junio. Desde ese día casi 500 personas integrantes de las secciones regionales de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) comenzaron su andadura, aunque actualmente ya se ha doblado esa cifra.
En estos momentos, en Bolivia, aparte de la marcha, la Asamblea Legistaliva Plurinacional debe aprobar a finales de julio cinco leyes estructurales: la Ley del Órgano Electoral Plurinacional, la Ley del Régimen Electoral, la Ley del Órgano Judicial, la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.


Conflicto entre gobierno y indígenas del Oriente



La protesta en este momento se centra en la falta de acuerdo entre el Gobierno y su representación, el Ministerio de Autonomía, y las organizaciones indígenas del Oriente en determinados puntos de la próxima Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD). Se trata de una de las leyes estructurales que tiene como principios la unidad, equidad, gradualidad y subsidiaridad, así como su carácter solidario. Con esta ley se pretende que los Estatutos de las Autonomías Indígenas se aprueben por referendo.
Para Carlos Romero, ministro de Autonomías y Descentralización la Ley Marco, tras la Carta Magna, es la ley orgánica con mayor importancia por sus definiciones sobre el nuevo Estado, en medio de la diversidad. También auguró la creación del Consejo Nacional de Autonomías y el Servicio Nacional e Autonomías, para poder paliar los conflictos de las competencias.


Entre reprochas y desconfianzas



La interferencia con el diálogo del gobierno fue la causa mayor para que la marcha comenzara. Para los indígenes los funcionarios ensuciaban la credibilidad de los dirigentes de la marcha y a las ONG participantes. Por otra parte, el gobierno acusaba a la USAID, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo internacional, de apoyar a los indígenas en sus protestas. 
 ‘Es ilógico, ilegal e inconstitucional, ahistórico y contranatura pensar que los pueblos indígenas procesen los límites estatales de la misma forma que los tecnócratas de alguna repartición estatal’, señaló el director de Cejis, Leonardo Tamburini.
El gobierno tilda de inconstitucional la protesta debido al gran revuelo que provocaría la separación del país. Por su parte la LMAD exige que se garantice a los pueblos indígenas que tengan acceso a su propia autonomía y no dependan del número de habitantes y la medición de sus capacidades.
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